La reciente expulsión de dos ciudadanos colombianos en Chillán —uno de ellos con cinco causas judiciales por amenazas y lesiones graves— volvió a poner en el foco el trabajo coordinado entre el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y la Policía de Investigaciones (PDI) en la Región de Ñuble. La revisión refleja una tendencia que va en aumento tanto en la zona como en el resto del país.
Según cifras oficiales, entre 2022 y 2026 la Región de Ñuble registra un total de 53 personas expulsadas del territorio, de las cuales 50 corresponden a decretos administrativos y tres a resoluciones judiciales.
En el desglose regional por nacionalidades, predominan los ciudadanos de Bolivia (17) y Colombia (14), seguidos por nacionales de Venezuela (5), Ecuador (5), República Dominicana (4), Perú (3), Argentina (1), China (1), Cuba (1), Serbia (1) y Turquía (1). En el contexto país, la evolución muestra un viraje drástico en los procedimientos administrativos.
De acuerdo con los balances de la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional, mientras que en 2022 las expulsiones administrativas sumaron 31 casos en el territorio nacional, para el año 2025 la cifra escaló a 1.014
Fuente original: La Discusión
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