La reforma constitucional de Seguridad llegó este lunes al Senado con una paradoja política que el Gobierno deberá resolver durante su tramitación: la iniciativa que pretende ampliar las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado nació precisamente abriendo un debate sobre cuánto poder está dispuesto el Congreso a entregar al Ejecutivo.
La presentación del proyecto estuvo precedida por un intento de La Moneda por ordenar a sus propias filas. Durante el comité político ampliado realizado a inicios de semana, los ministros buscaron tranquilizar a los partidos de gobierno frente a las inquietudes que había generado el texto. El esfuerzo, sin embargo, no consiguió cerrar las dudas. Renovación Nacional fue la colectividad que con mayor claridad hizo públicas sus aprensiones.
Su presidenta, Andrea Balladares, cuestionó que el proyecto haya tenido escasa discusión previa con los partidos y apuntó a materias que podrían afectar garantías constitucionales, como salud y educación. El senador Andrés Longton fue todavía más directo al advertir que no existió un trabajo prelegislativo suficiente con las bancadas.
El problema no es menor: la reforma requiere cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio, por lo que el Ejecutivo necesita
Fuente original: La Discusión
Información local, cercana y útil para nuestra comunidad.
