En Ñuble, la discusión sobre cómo proteger a las autoridades locales frente a amenazas tiene rostros concretos. El alcalde de San Carlos, Rubén Méndez, denunció en junio que sus dos hijos recibieron mensajes por Instagram en los que se les instaba a quitarse la vida y se les advertía de represalias. Tras la denuncia, Carabineros dispuso patrullajes en las inmediaciones de su domicilio.
En El Carmen, el alcalde Renán Cabezas enfrentó otra forma de intimidación. Un hombre detenido por un robo en lugar habitado obtuvo su número telefónico tras recuperar la libertad y comenzó a enviarle audios amenazantes por WhatsApp. El jefe comunal recibió visitas diarias de funcionarios policiales durante 30 días. Ambos casos adquieren ahora una dimensión nacional.
La Comisión de Seguridad Pública del Senado comenzará a estudiar dos mociones que buscan endurecer la respuesta penal frente a ataques contra alcaldes y ampliar la protección a otras autoridades vinculadas con la seguridad. La discusión se activó tras conocerse el plan para atentar contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White. El fiscal nacional, Ángel Valencia, informó que 22 alcaldes cuentan actualmente con medidas de protección.
Una iniciativa, del senador
Fuente original: La Discusión
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